viernes, 12 de febrero de 2010

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!

Enfrentar los planes del gobierno, luchar por una salida obrera a la crisis
Calvin Coolidge, Presidente de los EEUU decía en diciembre de 1928, en su despedida de la Casa Blanca: “Ningún Congreso de Estados Unidos tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que se nos ofrece en los momentos actuales”. Apenas unos meses después se producía el crack del 29.

Zapatero no tiene nada que envidiar a este personaje. De la promesa del pleno empleo en las últimas elecciones, hemos pasado a batir records históricos de desempleo. De “lo peor ya pasó” y los “brotes verdes”, hemos pasado al anuncio de prolongar la edad de jubilación a los 67 años, reducir la cuantía de las pensiones y recortar en 50.000 millones de euros el gasto público.

Con un paro cercano a los 4,5 millones (según la EPA) y un déficit público disparado al 11,3%, ha sido el apretón de los representantes del capital financiero internacional el que explica este “giro” del Gobierno.

La propuesta de jubilación a los 67 años y el recorte de las pensiones han cosechado el aplauso de la banca, la CEOE y el “mercado financiero”, pero un abrumador rechazo social.

La crisis está mostrando el verdadero carácter de este Gobierno: un Gobierno de la Banca, del capital financiero y las multinacionales. Un Gobierno que con una mano da ayudas millonarias a Bancos y multinacionales, mientras millones de trabajadores son condenados al paro, ahora… hasta los 67 años.

Pero si no hay trabajo, el 40% de los jóvenes está en paro y resulta una quimera encontrar empleo pasados los 50 años ¿Qué sentido tiene prolongar la edad de jubilación y reducir las pensiones públicas? Sólo uno: empobrecer a la gran mayoría para favorecer el gran negocio de las pensiones privadas.

La medida anunciada es sólo parte de una verdadera guerra social contra los trabajadores y los sectores populares. Y es que el capital sólo tiene una salida: recuperar sus tasas de beneficio a golpe de una bajada brutal de los salarios, tanto el directo como el indirecto, el llamado salario social. La reforma laboral que se negocia lejos de señalar dónde, cuándo y cuantos puestos de trabajo se van a crear, anuncia una bajada general de salarios, un abaratamiento del despido y más precariedad.En medio del falso y repetido “no se perderán derechos” seguirán los despidos y cierres¸ el ataque a las pensiones, la privatización de los servicios públicos y las medidas de flexibilización que anuncia la reforma laboral.

Mostrando su auténtico rostro, el Gobierno deja mal parados a sus escuderos de CCOO y UGT, forzados a desmarcarse un poco, ante el riesgo de hundirse en el descrédito.

Este Gobierno de la crisis y de la guerra en Afganistán da a cada paso signos crecientes de debilidad y por eso se puede y se debe mandar al traste sus planes. Es hora de que la clase obrera entre en escena, de salir a la calle.

El descontento obrero y popular va en aumento y la oposición a la burocracia de CCOO y UGT ha ido cobrando fuerza entre sectores de trabajadores/as. Por eso desde CGT, LAB, CIG, SAT, cobas… se hace necesario un gran acuerdo unitario, un frente obrero que rechace frontalmente la jubilación a los 67 y la reforma laboral, que presente un plan de medidas obreras contra el paro, que llame a un frente unido a todas las organizaciones sindicales y sociales, incluyendo a CCOO y UGT, y que prepare así las condiciones para una Huelga general.

viernes, 5 de febrero de 2010

Garzón y la fingida agonía del franquismo

GARA: 5 DE FEBRERO DE 2010

El Tribunal Supremo ha ratificado que existen indicios suficientes para procesar al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en relación con su investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo. Haciendo un ejercicio de abstracción jurídica, no cabe sino aceptar que el magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal español lleva razón. Garzón, en un nuevo alarde de sobreactuación, pasó por alto en su instrucción un elemento obvio, esencial: aquellos a quienes pretendía juzgar están protegidos, blindados, por la Ley de Amnistía que aprobaron las Cortes Generales españolas como uno de los resortes que abrieron las puertas a la mal llamada «transición» de la dictadura al régimen «democrático».
Quién sabe si por arrogancia o simple ingenuidad, con su investigación Garzón arremetía contra los mismos cimientos del actual Estado español, prolongación de una dictadura sin depurar, cuyos responsables nunca llegaron a responder por sus crímenes. De ello es prueba palmaria que militares, policías o incluso jueces siguieron controlando las mismas esferas de poder que detentaban durante el régimen franquista, que fingió agonía, pero nunca llegó a morir porque política y socialmente perduró en las estructuras centrales del Estado. Garzón no pretendía, no se atrevió a juzgar esto. Porque si realmente quería investigar el franquismo, su error fue volver la vista al 36, cuando con salir del pasillo de su despacho en la Audiencia Nacional o cruzar la calle habría cubierto el recorrido necesario para cargarse de las pruebas necesarias para encausar al Estado español por graves delitos contra la democracia.
Con todo, quizá lo más estridente sea escuchar ahora el rasgar de las vestiduras de la «progresía» española, que denuncia con fingida amargura el trato a Garzón, aun a sabiendas de que sólo su propia complicidad permitió que la dictadura se acorazase política y judicialmente frente a cualquier intento -incluida la bufonada de Garzón- por rescatar la verdad del oscuro abismo franquista.